El peso del Estado: con casi 30 medidas, creció la intervención en el sector privado

Desde su llegada al poder, el Gobierno aumentó drásticamente la injerencia del Estado en la vida de las personas y la actividad de las empresas. Un recuento de LA NACION arroja que desde diciembre de 2019 se pusieron en marcha casi 30 medidas orientadas a fomentar la intervención del sector público en la actividad privada, tanto de pequeños emprendedores y ahorristas como de grandes grupos multinacionales.

La paleta del Gobierno tiene colores de todo tipo. Van desde la profundización del cepo cambiario heredado de Mauricio Macri hasta la obligación de reestructurar el 60% de deudas en dólares para las empresas que tuviesen que pagar cuentas en el exterior. Así, el Banco Central las condujo a una especie de default inducido, que muchas pudieron esquivar a costa de manchar su historia de cumplimientos.

Otro capítulo es el aumento de impuestos. En poco más de un año y medio al frente de la Casa Rosada, Alberto Fernández subió o creó más de 14 gravámenes, y también les soltó las manos a los gobernadores para subir los tributos provinciales, lo que estaba vedado en la gestión anterior.

Una parte de los impuestos se destinaron a atender las necesidades de la pandemia a través de herramientas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE, destinado a las personas de bajos recursos) y el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP, que apunta a las empresas).

Otro tanto, sin embargo, se dirigió a socorrer las necesidades de un Estado más pesado. Un ejemplo menos evidente es el incremento del empleo público en la administración nacional, según un relevamiento de la Fundación País Abierto y Digital (PAD), que dirige el exministro de Modernización Andrés Ibarra.

El otro está en la base de las disputas internas del Frente de Todos: el aumento de los subsidios a los servicios públicos, un esfuerzo que hace el Estado pero que, con su intervención, distorsiona y desequilibra la economía, como le sucedió a Cristina Kirchner y podría volver a hacerlo ahora.

La pelea entre Martín Guzmán, Federico Basualdo y el kirchnerismo duro representado en el Instituto Patria tiene esa discusión de fondo. Mientras Guzmán quiere ajustar más las tarifas para bajar el aporte del Estado, el núcleo que rodea a Cristina Kirchner lo considera una medida impropia para un año electoral.

Más allá de las polémicas, nadie puede decir que el kirchnerismo en su vuelta al poder engañó a alguien, ya que el mapa de la nueva ruta está dibujado en la denominada ley de solidaridad social y reactivación productiva.

El retorno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner también significó el regreso de la policía de los precios bajos, el manual de Guillermo Moreno. El papel lo interpreta Paula Español, hasta ahora sin éxito según muestra la marcha de la inflación.

Las empresas alimenticias están entre las más observadas por el Gobierno. Daniel Funes de Rioja preside la Copal, la organización que las reúne. Habla en nombre de firmas como AGD, Arcor, Quickfood y Quilmes, entre muchas otras. Sostiene que están de acuerdo con el programa Precios Cuidados, pero rechazan profundamente Precios Máximos.

“Desde julio del año pasado insistimos en que hay una bifurcación de costos y precios. Defendemos el rol del sector privado. Medidas de esa naturaleza a la larga desalientan la inversión, el crecimiento y el desarrollo de trabajadores y de sus familias”, asegura.

“En este contexto de pandemia, es natural que haya más intervención de los Estados, porque estamos ante una emergencia sanitaria planetaria que afecta a la economía. El discurso de Joe Biden esta semana fue una muestra de eso. En ese marco, hay que discutir cada política específica sin perder de vista el objetivo de mediano plazo, que desde mi punto de vista es que se articulen sector público y sector privado para hacer una economía dinámica y que pueda crecer”, sostiene Carolina Castro, la primera mujer en integrar la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) y referente del negocio autopartista. “En ese sentido, yo veo políticas contradictorias: algunas van en esa dirección, como los incentivos a inversiones sectoriales, y otras no, como la ley de teletrabajo y el impuesto a las ganancias para empresas”, completa.

Las compañías más chicas también hacen sus críticas. “Estamos en el borde del precipicio y el Estado solo nos transmite incertidumbre [con respecto al manejo de la pandemia]. En épocas de crisis como esta, los gobiernos tienen que acompañar a los sectores más complicados, y no lo están haciendo. Estoy convencido de que si esto sigue así, y mientras se sigan achicando las oportunidades para los que buscan invertir en nuestro país, va a continuar el éxodo de empresarios argentinos hacia países con reglas más claras”, reclama Marcelo Boer, dueño de los restaurantes La Mar, Tanta y Mudrá.

El CEO de la empresa de seguridad Siseg, Matías Pérez Manghi, sostiene: “Estoy convencido de que el avance fuerte del Estado en el sector privado puede ser peligroso. Un gobierno debe generar reglas claras para que el sector privado pueda competir con libertad, pero sin intervenir constantemente. Es la única manera de generar desarrollo real y no una dependencia estatal que, ya sabemos, nunca funciona”.

Pablo Lorenzo, fundador de Green Eat, sostiene: “Necesitamos más empleo privado y menos empleo público. Tenemos capacidad de emprender y darnos la oportunidad de ser el país con el empuje privado que podemos tener”. La Nación