Como en Formosa: el Gobierno busca el blindaje de una ley para las próximas restricciones

A casi 14 meses de comenzada la pandemia, el Gobierno comenzó a analizar en las últimas horas la posibilidad de enviar una ley al Congreso para darle un marco normativo a las restricciones al movimiento y la actividad de las personas por el coronavirus.

Esta vez, las decisiones llegarán en un Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el Presidente y los ministros que se publicará este viernes, pero la Casa Rosada presentará la idea de acordar un proyecto con la oposición en las próximas semanas para blindar las medidas de los planteos y denuncias judiciales que florecieron con el último DNU, que ordenó cerrar las escuelas por dos semanas y quedó sin efecto en la Ciudad de Buenos Aires por un recurso que interpuso un grupo de padres de alumnos.

Ese fallo de la justicia porteña que mantuvo activos los colegios porteños le abrió a la Corte Suprema la posibilidad de dejar pasar los días hasta que se venciera el plazo del DNU de abril. “Una cosa era la presión social que iba a sentir la Corte con las escuelas cerradas y otra es la que tenemos con los chicos en las aulas”, explicó a este diario un funcionario del tribunal.

Por estas horas, ni la Nación, ni la Ciudad ni la propia Corte parecen ansiosos porque se acelere esa definición. La Corte porque prefiere que el diferendo se solucione mediante conversaciones entre las jurisdicciones y la Nación y la Ciudad porque temen que un fallo “salomónico” de la Corte termine achicando los márgenes de decisión de la política para los meses que vienen.

Con una ley, el Gobierno buscará salvar la debilidad jurídica que tuvieron las medidas tomadas en los últimos meses, que vulneraron derechos por la emergencia.

El plan todavía no fue presentado a los bloques opositores en el Congreso, pero sí circuló entre intendentes y gobernadores del peronismo, un grupo humano que no salió a militar en forma espontánea y persistente las medidas del último DNU.

Esos dirigentes prefieren que las medidas antipáticas las tome el Gobierno nacional, y si Alberto Fernández logra conseguir el consenso político necesario que hace falta para que se vote una ley en las dos cámaras del Congreso, gobernadores e intendentes quedarán exentos de dar explicaciones a sus electorados.

En los últimos días, luego de la tensión máxima que provocaron las medidas tomadas sin consulta hace dos semanas, la Ciudad y la Nación consiguieron volver a conversar.

En esos diálogos, funcionarios de distintos niveles presentaron en reserva las posiciones de sus jefes políticos luego de varios días de discutir en público.

Sin llegar a la concordia que existía hace un año -cuando se alcanzó un nivel de acuerdo entre oficialismo y oposición sobre las políticas contra el COVID que casi no existió en otros países del mundo- los enviados de Fernández y Horacio Rodríguez Larreta intercambiaron puntos de vista sobre las restricciones que afectarán a la Ciudad.

Por supuesto, la desconfianza entre el Presidente y el Jefe de Gobierno persiste, y una prueba de ello es que hasta última hora del miércoles, en el equipo de Rodríguez Larreta no sabían cómo quedaría en el nuevo DNU la orden de cerrar las escuelas.

Este jueves habrá reuniones entre los jefes de Gabinete de la Nación, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires y es probable que allí se determine de qué manera se implementará la “presencialidad administrada” en las escuelas que impulsa la Casa Rosada y que ya se puede ver en las escuelas porteñas desde febrero.

El caso de Formosa

El pasado 11 de noviembre del 2020, la Legislatura de Formosa sancionó la ley provincial N°1697, que reconoce a la estrategia sanitaria de la provincia de Formosa frente al brote del COVID-19.

De acuerdo al texto, se contempla “reconocer con rango de ley a la estrategia sanitaria de Formosa frente al brote del COVID-19, declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y desplegada en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por ley nacional Nº 27.541, ampliada por el plazo de un año por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 del Poder Ejecutivo Nacional y las respectivas adhesiones provinciales”.

Ya sancionada, la ley abarca los decretos del Poder Ejecutivo Provincial y a las resoluciones del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, “dictados y a dictarse en el ejercicio de sus respectivas competencias y en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria”.

Finalmente, en el proyecto de ley se reafirma “la plena jurisdicción de la provincia de Formosa en el diseño, implementación y control de las políticas públicas en materia sanitaria, facultad no delegada por la provincia a la esfera federal y prevista en los artículos 80 y 81 de la Constitución Provincial”.

(Fuente: Clarín)