Covid-19: durísimo informe de Human Rights Watch contra las políticas de Gildo Insfrán

La organización de derechos humanos Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins acusaron al gobierno de Gildo Insfrán en Formosa de usar “medidas frecuentemente abusivas e insalubres” para prevenir la propagación del coronavirus, y de restringir el trabajo de la prensa para cubrir la situación en la provincia.

El informe sostiene que el gobierno de Insfrán habría “empleado excesivamente la fuerza contra quienes protestaban por las medidas relacionadas con el Covid-19 y, durante meses limitaron severamente la posibilidad de la población de la ciudad de Clorinda de trasladarse y acceder a atención médica”,

“Los centros insalubres y hacinados como los de Formosa pueden propagar la transmisión del coronavirus, menoscabar derechos humanos básicos y debilitar la confianza en las autoridades de salud pública, lo cual resulta crítico para una respuesta adecuada al Covid-19”, expresó la doctora Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y los centros de la Universidad Johns Hopkins. “Aislar a ciudades enteras puede generar más problemas que beneficios para la salud en el largo plazo”, agregó.

Entre enero y marzo 2021, Human Rights Watch entrevistó, por teléfono, a 45 personas en Formosa, incluidas 30 que habían estado confinadas en centros de aislamiento o cuarentena, así como a médicos, abogados, víctimas de abuso policial, periodistas, una legisladora y dos concejalas. “La mayoría de los entrevistados temen sufrir represalias en Formosa y accedieron a dar su testimonio con la condición de que no divulgáramos sus nombres y otros datos que permitiera identificarlos. Algunos manifestaron ser empleados públicos y temían perder su trabajo”, señaló la organización en un comunicado. El informe también está basado en información oficial provista por el gobierno de la provincia de Formosa y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

“En enero, tras un marcado aumento en los casos confirmados de Covid-19, el gobierno incrementó sustancialmente el número de personas retenidas en centros de cuarentena y de aislamiento. Muchas de ellas reportaron abusos”, indicó la organización.

Uno de los casos documentados es el de Zunilda Gómez, de 33 años, cursaba el tercer mes de embarazo de su cuarto hijo cuando, el 19 de diciembre, la policía se llevó a su familia de su vivienda en la ciudad de Clorinda. Las autoridades encerraron a Gómez y a sus tres hijos, de 12, ocho y cinco años, en una habitación de hotel. El 5 de enero, Gómez empezó a tener un sangrado y pidió ayuda. Desesperada, pidió a su hija que saliera trepándose por la ventana para pedir ayuda, manifestó Gómez, según el informe.

(Fuente: La Nación)