La región compra millones de dosis para el Covid y Argentina alimenta el mayor misterio de la pandemia
Seis países sudamericanos cerraron contratos. Argentina pasó de un sitio inicial de privilegio a no lograr el acuerdo. Similitudes con el caso peruano, resuelto por un estudio jurídico de Estados Unidos. Hablan los negociadores.
El mayor misterio de la pandemia en Argentina es por qué no se puede avanzar en un acuerdo para comprarle vacunas contra el coronavirus a Pfizer. ¿Hay un problema sólo legal o se mezclan aspectos comerciales y logísticos? Ginés González García se llevó el secreto a su departamento de Puerto Madero. Carla Vizzotti lo custodia en el Ministerio de Salud. Algunas expresiones ligeras aprovechan el silencio y confieren al asunto categoría de mito.
“Pfizer es nuestra única salvación”, le comentó a Clarín esta semana un protagonista de la política farmacéutica nacional. Lo decía por la escasez de dosis que sufre el país, a pesar de los compromisos asumidos por el Instituto Gamaleya, Sinopharm y AstraZeneca. Fuera de todo exitismo, es probable que la vacuna de Pfizer no garantice el paraíso, pero su carencia es una oportunidad perdida.
La historia se remonta al 10 de agosto de 2020, cuando 6.000 voluntarios argentinos comenzaron a participar del ensayo de fase 3 en el Hospital Militar Central, trabajo que condujo el infectólogo Fernando Polack. Fue la prueba más grande de Pfizer en el mundo, que le permitió acelerar su investigación y ganarle a Moderna la carrera por la vacuna contra el Covid.
La mesa estaba servida para que el gobierno argentino se sentara a conversar con el laboratorio estadounidense en busca de un entendimiento. Pero no sucedió. Un velo deliberado, además, impidió enfocar los hechos con claridad. González García sólo dijo públicamente, cuando era ministro, que el contrato que pretendía Pfizer era abusivo. No dio detalles, por la exigencia de confidencialidad que enmarcó la negociación.
Argentina sancionó en octubre una ley por la que aceptó hacerse responsable material ante eventuales consecuencias no deseadas de la vacuna, salvo que Pfizer incurriera en negligencia. Esta excepción provocó una objeción del laboratorio. Fuentes cercanas al Gobierno reiteraron a Clarín lo que ya es vox populi: que Pfizer habría pedido que de ser necesaria una indemnización por efectos adversos graves el país respondiera con activos soberanos.
El laboratorio habría exigido quitar del articulado un apartado que impide embargar bienes patrimoniales argentinos. Incluso se barajó la chance de sustituir esos activos por un seguro de caución contratado en Nueva York. Parte de esa información aparece en mails poco amistosos entre González García y Nicolás Vaquer, titular de la filial local de Pfizer. Están fechados entre el 11 y 15 de diciembre, y trascendieron recién en febrero, un mes clave.
La vacuna, bautizada Comirnaty y rara vez mencionada por su nombre, fue autorizada por la ANMAT el 22 de diciembre. Se convirtió en la primera contra el Covid con visto bueno en el país. Pero la compra se empantanó. Como telón de fondo, Chile no tenía problemas para cerrar su contrato, ese mismo mes, por 10 millones de dosis. Colombia se aseguraba una cantidad similar, Uruguay firmaba por 2 millones y Ecuador, por 6 millones.
Brasil y Perú, en cambio, quedaron en primera instancia del “lado oscuro” con Argentina, aunque compartieron vereda sólo hasta febrero, cuando avanzaron con acuerdos por 100 millones y 20 millones de dosis respectivamente. Los otros países del continente que aún no cuentan con la vacuna de Pfizer son Bolivia, Paraguay, Venezuela y Las Guayanas.
