Diputados aprobaron la suspensión de las PASO en Buenos Aires

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sancionó este lunes por más de dos tercios la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), iniciativa enviada por el gobernador Axel Kicillof para evitar que en 2025 los bonaerenses deban concurrir a las urnas en tres oportunidades.
 
Sin embargo, el conflicto interno en el oficialismo y las tensiones con la oposición mantienen empantanada otra definición clave: las fechas del cronograma electoral que desembocará en las elecciones del 7 de septiembre, que por primera vez se realizarán en una fecha distinta a la nacional.

Superado el trámite para que no haya primarias en los comicios de este año, ahora debe resolverse cuándo deben inscribirse las alianzas, cuándo cerrarán las listas y en qué momento deberán presentarse las boletas.
En la iniciativa que hoy sancionó Diputados, además de proponer que este año no haya primarias en territorio bonaerense, se había incluido la ampliación de los tiempos. La mayoría kirchnerista y parte de la oposición dieron curso a la propuesta, pero optaron por dejar fuera de la votación las reformas al calendario electoral.
Hasta ahora, si no se modifica la ley vigente, el cierre de listas será el 8 de agosto y la presentación de boletas el 18, apenas días antes de los comicios provinciales.

Sin embargo, tanto el gobierno bonaerense como la Junta Electoral bonaerense -presidida por la titular de la Suprema Corte de Justicia, Hilda Kogan- reconocen que ese esquema es impracticable. De hecho, ese organismo ya advirtió a través de diferentes notas que, con los plazos actuales de la Ley 5.109, será casi imposible garantizar la organización de los comicios en los que participarán 15 millones de electores y más de 10 mil candidatos por oficializar.

El organismo reclama extender los tiempos: propone que las candidaturas se presenten 50 días antes de la elección y los modelos de boleta 30 días previos, un esquema que cuenta también con el aval del juez federal electoral, Alejo Ramos Padilla.

La reunión con la Junta
La discusión sobre los plazos electorales llegó a la Justicia, que manifestó su preocupación ante la falta de definiciones políticas y el avance del calendario. Para intentar encaminar la situación, la presidenta de la Suprema Corte bonaerense y de la Junta Electoral, Hilda Kogan, citó de forma urgente a las autoridades de ambas Cámaras legislativas y a los jefes de bloque del oficialismo y la oposición.

Sin embargo, el oficialismo decidió no asistir al encuentro que se realizó hoy: faltaron los titulares de Diputados y Senadores, Alexis Guerrera y Verónica Magario, así como también Facundo Tignanelli y Teresa García, referentes de Unión por la Patria. Desde la oposición algunos respondieron a la convocatoria, aunque los presidentes de bloque Diego Garciarena (UCR-Cambio Federal), Agustín Romo (LLA) y Matías Ranzini (PRO) no pudieron acudir por estar en tareas legislativas. También se ausentó el líder de Acuerdo Cívico UCR-GEN.

Entre los presentes se contaron legisladores de distintos espacios como Gustavo Cuervo, Fabián Luayza, Laura Cano, Agustín Maspoli, Carlos Kikuchi, Sergio Vargas, Guillermo Pacagnini, Maricel Etchecoin, Christian Gribaudo, Carlos Curestis, Joaquín de la Torre, José Esper y Fernando Compagnoni.

Por parte de la Junta Electoral participaron, además de Kogan, la vicepresidenta Ana María Bourimborde y los vocales Federico Thea, Eduardo Delbés y Gustavo Spacarotel, junto al secretario Daniel Demaria Massey.

Luego de la reunión, el organismo difundió un resumen del complejo proceso electoral, que incluye: la verificación de candidaturas: control de edad, identidad, nacionalidad, género, residencia y regularización de observaciones en un plazo de 48 a 72 horas; la oficialización de boletas: recepción, control, audiencias, tratamiento de impugnaciones y oficialización, un procedimiento que requiere unos 15 días; el sellado de boletas: preparación de boletas de testigo para los bolsines, un proceso que insume unos 17 días; y la distribución de boletas de franquicia: destinada a garantizar el material electoral para la apertura de mesas, requiere unos 11 días corridos.

Paralelamente, mañana se realizará una reunión de la Comisión de Reforma Política, que preside Emiliano Balbín a la que fueron convocados los mismos actores, más el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

Detrás del tironeo por las fechas subyacen fuertes intereses políticos. Una parte del oficialismo y la oposición apuesta a que el cierre de listas bonaerense esté lo más cerca posible del nacional —previsto para el 17 de agosto— para condicionar las negociaciones. De ese modo pueden negociar todas las candidaturas en simultáneo —diputados nacionales y legisladores provinciales— en una sola discusión. Esa estrategia es impulsada tanto por sectores del radicalismo como por el kirchnerismo duro, referenciado en Cristina Kirchner.

En cambio, Kicillof prefiere adelantar los plazos para definir antes quiénes serán sus candidatos legislativos, evitando así posibles conflictos con sus socios de Unión por la Patria en la confección de esas nóminas y, además, organizar con más tiempo una elección que, esta vez, deberá afrontar casi en soledad, sin el andamiaje logístico que suele aportar la estructura electoral nacional.

Si bien todavía no está definido de qué manera se impulsará el cambio en el calendario electoral –puede ser a través de un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo o una iniciativa presentada por algún diputado o senador-, en la Legislatura bonaerense ya dan por descontado que cualquier avance deberá tratarse sobre tablas, lo que obligará a construir consensos amplios. Para habilitar el debate será necesario alcanzar los dos tercios de los votos de los presentes. El peronismo cuenta con 37 bancas en la Cámara baja, por lo que necesitará acordar con otros espacios para llegar a los 62 votos.

El escenario es aún más complejo porque las necesidades financieras también condicionan las negociaciones. El gobernador buscará en poco tiempo que la Legislatura le apruebe un proyecto de endeudamiento por el equivalente a 1.200 millones de dólares para garantizar el pago de salarios, aguinaldos y paritarias en la Provincia y en los municipios. La aprobación de esa ley depende de los mismos consensos que hoy traban el nuevo cronograma electoral. En los hechos, Kicillof podría atar ambas discusiones: no habrá acuerdo sobre una sin destrabar la otra.

Así, con las PASO ya suspendidas, la pulseada por las fechas y el financiamiento amenaza con extenderse -como mínimo- dos semanas más, mientras el reloj electoral sigue corriendo.

(Ámbito Financiero)