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Reserva natural en disputa

Benigno López: "Es un inicio de soluciones, un marco jurídico interesante para trabajar"

La reciente sanción en la Legislatura de Formosa de una ley que crea una "reserva natural de usos múltiples" en el sur provincial ha reabierto el debate sobre la propiedad de la tierra y los derechos de los pobladores históricos. La nueva figura jurídica abarca más de 96.000 hectáreas en las zonas de Juárez, Mortero y Chiriguano, donde viven unas 160 familias criollas y, más recientemente, algunas familias originarias del pueblo Wichí.

Benigno López, referente de MOCAFOR Crédito: Archivo

En diálogo con Radio Uno, Benigno López, referente del Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR), celebró la medida como un paso positivo, aunque insuficiente. "Es un inicio de soluciones", sostuvo, y añadió: "Es un marco jurídico interesante para trabajar". López recordó que la organización ha acompañado durante años a las familias de la zona, muchas de las cuales son descendientes directos de los primeros pobladores criollos del oeste formoseño.

La medida no implica la entrega de títulos de propiedad, sino la creación de un área protegida donde los habitantes podrán continuar produciendo según sus costumbres, respetando criterios de sustentabilidad y biodiversidad. Sin embargo, el conflicto de fondo persiste: dos empresas privadas —una de ellas vinculada al empresario Eduardo Eurnekian— reclaman la titularidad registral de los terrenos.

"La experiencia en esta materia demuestra que, muchas veces, los hijos o nietos de los pobladores terminan vendiendo sus derechos de ocupación, lo que genera nuevos conflictos con vecinos y empresas", advirtió López. En este contexto, el entrevistado subrayó la importancia de que la reglamentación y la instrumentación de la ley se realicen con claridad y participación de los actores locales.

Desde MOCAFOR confirmaron que no fueron parte de las conversaciones con el gobierno provincial previas a la sanción de la ley, aunque sí algunas organizaciones de base que integran su estructura.

La nueva reserva podría convertirse en una herramienta para preservar tanto la cultura campesina como el entorno natural, pero dependerá de cómo se implementen los próximos pasos y de si se logra brindar seguridad jurídica real a quienes habitan y producen en ese territorio desde hace generaciones.