Jorge Macri apeló el fallo y dijo que la Policía de la Ciudad trabajará con Nación en la marcha de los jubilados
En vísperas de la manifestación del miércoles, el Gobierno porteño consideró que la resolución de Roberto Gallardo es nula
El Gobierno porteño, a cargo de Jorge Macri, apeló el fallo del juez Roberto Gallardo que había ordenado que, en lugar de las fuerzas federales, la Policía de la Ciudad se hiciera cargo del operativo de seguridad en la manifestación de jubilados de este miércoles. Ya la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipó ayer no acatará la decisión del magistrado porque ese es su "deber".
A través de la Procuración General, la Ciudad solicitó además que su pedido se eleve en forma urgente a la Cámara del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo para su tratamiento antes de la marcha y movilización anunciada para mañana. En tanto, confirmó que la Policía porteña trabajará con Nación en el operativo.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, dijo que se va a garantizar la seguridad en el centro porteño. "Una manifestación es un fenómeno dinámico; imaginar que detrás de un escritorio alguien va a poder escribir que la Policía da cinco pasos y otro tiene que agarrar la situación cuando hay que hacer cumplir la ley me parece forzado. Hay que ver cómo se va desarrollando la dinámica de la manifestación. Lo que seguro va a pasar es que vamos a garantizar la seguridad en la Ciudad con las fuerzas federales y con las fuerzas de la Ciudad, como siempre", sostuvo.
El recurso presentado considera improcedente la medida precautoria dictada por "la evidente falta de constatación de requisitos legales para su procedencia, la arbitrariedad de la medida y la ostensible falta de fundamentación, el apartamiento del debido proceso legal y por afectar la división de poderes".
Con este planteo, la Ciudad consideró que el fallo de Gallardo es nulo y argumentó que la medida fue resuelta "sin la intervención previa del Gobierno porteño ni se garantizó el derecho de defensa".
"El juez se arroga facultades propias y excluyentes del Poder Ejecutivo, porque invade a la Administración en cuanto a la discrecionalidad técnica para fijar y establecer las políticas de seguridad en el marco de su autonomía, a través del Ministerio de Seguridad de la Ciudad", se sumó en la apelación.
Luego, se insistió con que el fallo "afecta el normal desarrollo de las fuerzas de seguridad desplegadas en un ámbito de coordinación con las fuerzas Federales y se compromete gravemente el interés público, que es el operativo de seguridad".
(La Nación)
