Abuso de autoridad en Clorinda: un cobro municipal por el uso de un estacionamiento obligatorio para camioneros paraguayos genera conflicto
Un cobro municipal por el uso de un estacionamiento obligatorio para camioneros paraguayos ha derivado en la intervención de Gendarmería Nacional y el rechazo de distintos sectores. Según denuncian los afectados, se trata de un abuso de autoridad que vulnera acuerdos internacionales y afecta el libre tránsito de mercadería en la región.

Desde hace cinco años, la municipalidad de Clorinda impone el desvio obligatorio de camiones con patente paraguaya hacia un playón municipal, donde los conductores deben estacionar y pagar una tarifa antes de continuar su recorrido hacia la frontera. La situación explotó recientemente cuando Gendarmería Nacional intervino para evitar que se sigan desviando los camiones y garantizar su libre circulación.
"Es un atropello. Los camioneros no deberían ser obligados a estacionar y pagar sin que exista una justificación clara. Se está incumpliendo un acuerdo internacional", afirmó Angélica Báez, apoderada administrativa de empresas de transporte paraguayo, en una entrevista concedida a Radio Uno de Formosa. La ejecutiva enfatizó que la situación no es nueva, pero que la llegada de Gendarmería marcó un punto de inflexión en el conflicto.
Gendarmería dice basta
El punto de fricción principal se encuentra en la Ruta Nacional 86, por donde ingresan los camiones paraguayos rumbo a la frontera con Argentina. En ese trayecto, según denuncian los transportistas, funcionarios municipales los obligaban a desviarse hacia el playón de estacionamiento. El problema es que este desvio no solo representa un gasto extra, sino que además implica una violación de la hoja de ruta que los camioneros deben respetar para evitar sanciones o multas.
La diputada provincial Gabriela Neme elevó la denuncia a nivel nacional, lo que finalmente propició la llegada de Gendarmería. "No pueden hacer lo que están haciendo", fue el mensaje claro que las fuerzas federales transmitieron a los funcionarios municipales. Tras su intervención, los camiones retomaron su recorrido habitual sin tener que ingresar al playón.
Abuso de poder y falta de transparencia
Los transportistas afectados sostienen que el cobro municipal no tiene ninguna justificación real. "Imagínense desviar una ruta solo para hacer el cobro de un estacionamiento. Es un abuso", expresó Báez. Además, subrayó que, a pesar de los cinco años de vigencia del cobro, no se han realizado mejoras visibles en la infraestructura ni en la logística del lugar.
El problema de fondo es la falta de un consenso entre las autoridades municipales y los transportistas. Mientras que desde la municipalidad argumentan que la medida busca ordenar el tránsito y evitar que los camiones queden estacionados en lugares inadecuados, los empresarios del transporte sostienen que el objetivo real es puramente recaudatorio. "Si fuera para organizar el tránsito, que lo hagan opcional y no obligatorio", remarcan los afectados.
¿Y ahora qué?
Si bien la intervención de Gendarmería solucionó temporalmente la situación en la Ruta 86, los camioneros que circulan por la Ruta 11 siguen siendo desviados al estacionamiento municipal sin que exista ningún tipo de negociación en curso para resolver la problemática de fondo.
El conflicto ha puesto en evidencia una práctica que, según denuncian los transportistas, no solo es ilegal, sino que también perjudica el comercio internacional entre Argentina y Paraguay. Con la atención pública puesta sobre el caso, resta por ver si las autoridades municipales estarán dispuestas a revisar la medida o si seguirán con una política que, hasta ahora, ha generado más rechazo que adhesión.