Juez Morán: "esta Ley tiene penas más dura y una redefinición del crimen organizado"
El Congreso de la Nación sancionó recientemente la denominada "Ley Antimafia", una normativa que endurece las penas para los delitos relacionados con el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas.
Y para recabar mayor información del tema Radio Uno entrevisto al el doctor Pablo Morán, especialista en derecho penal, explicó los alcances de esta nueva legislación y sus implicancias en la lucha contra la delincuencia en Argentina.
Un cambio en la estructura legal
La nueva ley, que ya fue publicada en el Boletín Oficial y se encuentra en vigencia, introduce penas más severas que oscilan entre los 8 y 20 años de prisión para quienes formen parte de organizaciones criminales. "Crea el tipo penal de pertenecer a una organización mafiosa, lo que significa que, más allá del delito puntual, ser parte de una estructura criminal organizada ya es motivo de sanción", explicó el Juez Morán.
Uno de los aspectos más relevantes de la norma es que todos los miembros de una organización delictiva podrán recibir la misma pena que el autor del delito más grave cometido por el grupo. "Aquel que solo manejaba un vehículo de apoyo o actuaba de vigía podrá ser condenado con la misma severidad que quien ejecutó directamente el delito", señaló el especialista.
Una legislación inspirada en modelos internacionales
La ley se inspira en normativas internacionales como la "Ley RICO" de Estados Unidos y las legislaciones antimafia de Italia. A diferencia de la normativa anterior, esta nueva regulación amplía el espectro de delitos alcanzados. "Ahora, 56 tipos penales distintos están comprendidos dentro de la legislación antimafia, incluyendo homicidio, secuestro extorsivo, cohecho, robo, pornografía infantil y trata de personas", destacó Morán.
Zonas bajo investigación especial
Otra de las novedades es la posibilidad de declarar ciertas zonas geográficas como "sujetos a investigación especial", lo que permitirá una mayor intervención de fuerzas de seguridad. "Por ejemplo, ciertas zonas fronterizas con alto nivel de contrabando o algunos sectores de Rosario donde operan cocinas de droga podrán ser objeto de investigaciones especiales", explicó el abogado.
Si bien la ley es de alcance nacional, su aplicación requerirá una estrecha colaboración entre las fuerzas federales y provinciales. "En Formosa, por ejemplo, trabajamos constantemente con las fuerzas locales para abordar estos delitos", agregó el especialista.
El decomiso anticipado de bienes
Uno de los puntos más innovadores de la legislación es la posibilidad del decomiso anticipado de bienes vinculados a actividades criminales. "Antes, los bienes solo podían ser decomisados tras una condena firme. Ahora, se pueden utilizar de inmediato para fines de utilidad pública o para cortar el financiamiento de las organizaciones criminales", indicó Morán.
Este punto resulta clave en la estrategia del Estado para desarticular redes delictivas, dado que impide que los recursos obtenidos de manera ilegal sigan siendo utilizados para financiar actividades criminales. Además, se está analizando la posibilidad de destinar estos bienes a la ayuda de damnificados por catástrofes naturales, lo que agrega un valor social a la medida.
Un futuro con desafíos
Si bien la nueva ley representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado, su aplicación plantea interrogantes y desafíos. "Aún falta ver cómo se va a interpretar en la jurisprudencia y de qué manera se aplicará en casos concretos", advirtió Morán.
El tiempo y la práctica determinarán el verdadero impacto de la "Ley Antimafia" en la seguridad y justicia del país. Mientras tanto, su promulgación marca un claro mensaje del Estado en su lucha contra las organizaciones criminales.
