Hidrovía: el gobierno cambió algunas condiciones de la licitación y favoreció a una provincia

En los últimos días, y tras presentaciones administrativas que realizaron dos de las más grandes empresas de dragado del mundo, el gobierno nacional modificó algunas condiciones de la licitación pública nacional e internacional para la concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay . Sin embargo, no se trata de los puntos álgidos que reclamaron las compañías internacionales; y, además, se agregaron beneficios para el desarrollo portuario del sur entrerriano , una provincia gobernada por un aliado político a la gestión libertaria.  

  El gobierno abrió en noviembre el llamado a licitación para concesionar a un operador privado la hidrovía, que es la principal obra de infraestructura logística del país, por 30 años, a riesgo empresario, sin subsidio estatal y con una hoja de ruta de inversiones que mejoren la navegabilidad del sistema.

En concreto, había cuestionado dos puntos: si bien en la licitación están diferenciados los dos tramos de la hidrovía, se prioriza uno solo y la operación será otorgada a la empresa que gane la contienda; y, por otro lado, de la lectura de los pliegos surgiría que se trata de una licitación a medida del operador que estuvo a cargo de la hidrovía durante la anterior concesión y que sigue ahora contratado directamente en esta transición a cargo del Estado.

"Es bochornoso que estemos a las puertas de una licitación sospechada de corrupción. Si Lázaro Báez facturó 3.000 millones de dólares (durante los gobiernos kirchneristas), la facturación en los 30 años de concesión de la hidrovía será de 12.000 millones de dólares ", contrastó Szymula.

Los cambios
En vista de los reclamos y de una polémica creciente, la Nación incorporó nuevos requisitos a pedido de las empresas que presentarán ofertas y de la provincia de Entre Ríos. Así, se sumaron tres modificaciones en las condiciones de la licitación que se inició en noviembre pasado.

Los cambios incluyen la extensión del plazo para presentar propuestas, una mayor profundización de las vías navegables y el desarrollo del área portuaria en el sur de Entre Ríos.

En primer término, la extensión del plazo de presentación de ofertas: originalmente podían presentarse hasta el 29 de enero de 2024, pero ahora se extendió hasta fines de febrero.  Este cambio responde a pedidos de empresas interesadas en participar, especialmente en las obras de dragado.

La segunda modificación aplicada es la del aumento en la profundidad de las vías navegables de la Hidrovía, que en el pliego inicial se establecía en 42 pies, y ahora pasará a 44 pies. Esto permitirá una navegación más eficiente y segura, independientemente de las fluctuaciones hídricas, y fue solicitada por operadores privados.

Por último, el desarrollo portuario en Entre Ríos , tras el pedido del gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio, por el que se habilitarán nuevas vías navegables en la zona sur de la provincia. Además del Paraná de las Palmas, se mejorarán las vías Paraná Guazú, Paraná Bravo y Pasaje Talavera, que pasarán de 28 a 36 pies en una primera etapa. Esto busca potenciar la actividad portuaria en la región. 

El contrato de licitación tendrá un plazo inicial de 30 años, prorrogable por otros 30, lo que define el manejo del corredor estratégico para las próximas seis décadas.

Por qué reclaman las empresas
Según una nota publicada por el portal Rosario3 , dos de las principales empresas de dragado del mundo presentaron hace algunos días al gobierno nacional recursos administrativos con duras críticas al proceso de licitación lanzado y pedidos de suspenderlo. 

Una de ellas fue la belga Dredging , que solicitó de manera urgente suspender la licitación en marcha de la hidrovía, principal ruta logística de salida exportadora del país, si no se cambian las actuales condiciones de la compulsa. Y luego hizo lo propio otra de las dragadoras más importantes, la holandesa Rhode Nielsen, con un recurso administrativo contra la licitación en similar tenor.

Con fecha 9 de diciembre, el apoderado legal en la Argentina de Dredging, Cristián Pablo Lacoste, presentó un recurso administrativo al presidente Javier Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y al subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, Iñaki Arreseygor, en el que denuncia "el direccionamiento  de la licitación al actual operador (Jan de Nul) y solicita la nulidad del pliego, reclamando una urgente modificación de sus términos y condiciones". 

"Dredging está interesada en participar en la licitación, pero resulta claro y manifiesto que nos encontramos ante una licitación ilegítimamente direccionada", arranca el escrito de 76 páginas, según el portal rosarino. 

"A partir del evidente direccionamiento de la licitación y los vicios que contiene la Disposición 34 y el Pliego por ella aprobado, y atento a los graves perjuicios que acarrearía la concreción de la licitación en los términos allí dispuestos, solicito que, en los términos del artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 19.549, se suspendan sus efectos. Y a fin de evitar la configuración de mayores perjuicios, se solicita que se resuelva el pedido de suspensión de la licitación en forma urgente", dispara la compañía.

Tras denunciar que tanto la Disposición 34 y como el Pliego "se encuentran gravemente viciados en sus elementos esenciales", la empresa solicita "con carácter urgente, que se modifique el Pliego, disponiéndose un nuevo llamado a la licitación que respete la legalidad, la competencia, la concurrencia, la igualdad, la no discriminación entre los oferentes – conforme se prevé en el art. 12 del Decreto 713/2024- y los principios de buena administración y gratuidad".

Dredging es una compañía del grupo DEME, de origen belga, con más de 140 años de antigüedad , líder mundial en dragados. El grupo DEME tiene más de 5.300 empleados en todo el mundo, más de 100 buques operativos y presencia en 90 países. En el año 2023 tuvo ingresos por 3.2585 millones de euros.

La dragadora le apunta al gobierno nacional, del que sugiere le está sirviendo en bandeja el negocio a otra dragadora belga, y también de las más grandes del mundo, que es Jan de Nul. Esta firma tuvo la concesión de la hidrovía desde mediados de los ‘90 hasta 2021, cuando el Estado retomó su administración. Pero siguió ligada porque el gobierno la contrató para que realice las tareas de dragado, ya no como concesionaria sino como contratista. 

Y en tren de ir por todo, Dredging le apunta hasta a ese contrato. "Y atento a que actualmente y desde hace ya más de tres años, el dragado se ejecuta en base a un contrato de emergencia firmado por la Administración General de Puertos S.E. sin compulsa alguna de precios ni ningún análisis de precios de mercado, para el período que transcurra mientras tramite esta impugnación y se sustancie el procedimiento licitatorio, se solicita al subsecretario que instruya a la AGP a celebrar un nuevo contrato interino, esta vez, previendo una compulsa de precios previa", pide Dredging.

    
Argumentos de peso 
Ahora: ¿cómo fundamenta que la licitación está direccionada por el gobierno para que gane Jan de Nul? "Resulta claro y evidente que nos encontramos ante una licitación direccionada. Esto se  concluye de la mera lectura del Pliego, sin que sean necesarias mayores  interpretaciones o contexto", arranca la síntesis de los argumentos de la compañía.  

"Con supuesto fundamento en la singularidad de la vía navegable troncal (VNT), se ha aprobado un pliego que otorga ventajas competitivas insuperables a favor del  actual dragador (que es parte del grupo empresario que opera la VNT desde hace  más de 29 años), que desalientan e incluso podrían tornar inviable la presentación de ofertas por nuevos operadores. Sin embargo, aunque la VNT es única por su extensión y características geográficas, el conocimiento y la capacidad técnica que se requiere para su operación no lo son.  Las tareas de dragado y de balizamiento son prácticas comunes en la infraestructura fluvial, y existen numerosas compañías internacionales con experiencia, tecnología adecuada y capacidad financiera suficiente para realizar este tipo de obras. Compañías con experiencia técnica en condiciones similares o más complejas, como las que operan en otros ríos importantes a nivel global, deberían poder participar de la licitación bajo condiciones de igualdad", dice el recurso administrativo.

Requisitos económicos irrazonables
Sobre los principales fundamentos para cuestionar el direccionamiento del proceso a favor del actual dragador o de una compañía del mismo grupo empresario, Dredging dice que se crearon obstáculos injustificados a través de la inclusión de requisitos económicos y técnicos irrazonables e infundados.

"Apartándose de las previsiones legales, el pliego incluyó requisitos económicos y técnicos que condicionan y limitan en forma inaceptable la concurrencia competitiva y que demuestran —una vez más— la voluntad implícita de favorecer al grupo empresario que realiza los trabajos de dragado en la VNT desde 1995", sostiene Dredging.

En cuanto a los antecedentes económicos mínimos, el Pliego exige que los oferentes acrediten un patrimonio neto mínimo de USD 300.000.000, una facturación anual mínima de USD 450.000.000 y una rentabilidad mínima mayor a cero, según el estado contable del último ejercicio fiscal sin ajustes adicionales. El Pliego dispone que tales requisitos pueden ser cumplidos con estado financieros consolidados, auditados y publicados del grupo del oferente.

"Este requisito es otra clara evidencia del direccionamiento a favor de la actual contratista. En efecto, según surge del sitio web oficial del grupo Jan De Nul14, el ejercicio 2023 arrojó un patrimonio neto de € 3.380.000.000 y una facturación de € 2.900.000.00015", asegura la dragadora belga.

El reclamo de Rhode Nielsen
Además de Dredging, otra dragadora de importancia como la holandesa Rhode Niselsen presentó un recurso administrativo contra la licitación. A través de María Fernanda Mierez, representante legal de la empresa en el país, la firma le llevó a subsecretario de Puertos, Iñaki Miguel Arreseygor, un escrito de 126 páginas cargado de argumentos para pedir la suspensión del proceso.

"Solicito que se declaren nulos de nulidad absoluta la Disposición 34/24 al igual que el pliego de bases y condiciones (PByC) y las Especificaciones Técnicas y, consecuentemente, se deje sin efecto la Licitación. De este modo, solicito que se disponga la suspensión de todos los plazos de la licitación hasta tanto se resuelva el reclamo impropio", arranca el escrito.

"La licitación se basa en requerimientos y condiciones que restringen la concurrencia de interesados (en su mayoría empresas internacionales de gran trayectoria de la industria) y la competencia entre eventuales oferentes, beneficiando solo a un potencial competidor, el grupo Jan De Nul y su subsidiaria local, Compañía Sudamericana de Dragados S.A. Con ello, la Disposición 34/24 aprueba un pliego de bases y condiciones (PByC) que es irrazonable, contrario a los principios de la licitación pública de igualdad, concurrencia de interesados y competencia de oferentes y no ha respetado procedimientos previos esenciales para su dictado", denuncia Rhode Nielsen.

DIARIO NORTE