El terror  como régimen

Pero el otro gran grupo de formoseños que soportó la carga de cuidar la salud, a costa de su propia ruina fue el sector privado, cuando aún con la desesperación de ver sus emprendimientos de toda la vida, familiares  o recién iniciados pulverizados por las deudas  solo pensaban en como encararían el futuro para volver a empezar.

Funcionarios apacibles

Sin embargo, cerca del relato y de la buena vida, los burócratas de Insfrán, que no dejaron de percibir sus jugosos sueldos, previendo su propia ineficacia y conociendo como nadie el estado de un sistema hospitalario que representaba solo la corteza de un tronco vacío, montaron la estrategia sanitaria en pos de que nunca se  tuviera que poner en tensión a los hospitales de la provincia. La mayoría de ellos no estaba en condiciones de funcionar para atenciones de mediana complejidad, menos lo estarían para una pandemia.

El mismo relato empezó a buscar enemigos para echarle la culpa al momento de fallara la única técnica que tenía en carpeta, tener a toda la gente encerrada el mayor tiempo posible. Pero claro, por el imperio de la Constitución esto no sería posible en cualquier otra provincia menos en Formosa donde el imperio de la Constitución es tan maleable como una caramelo masticable, porque depende de jueces puestos a dedo, por el eterno inquilino del edificio de la calle Belgrano.

Largo y engorroso

A casi un año de iniciada la pandemia, Insfrán ha hecho lo imposible para quebrantar al empresariado independiente, solo unos pocos sobrevivientes pugnan por continuar, los carteles de “Se alquila” en cientos de locales son mudos testigos del abandono del estado.

Insfrán ajusto las orejeras de la justicia provincial para que se pronunciara a través de sus máximas autoridades en el sentido de afirmar sin despeinarse y para la antología judicial que el Poder Judicial no podía controlar al Poder Político.

Les ordenó a todos los organismos que mínimamente tenían que ver con Derechos Humanos, “desaparecer” de la escena de la pandemia, entre ellos la Secretaría de la Mujer, la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo y otros funcionarios muy relacionados a los DDDHH que no abrieron la boca sino para atacar a la principal defensora de los derechos humanos en Formosa, la Dra. Gabriela Neme.

Las desidias

La estrategia de culpar a los “varados” que ingresaron por orden judicial, al juez Carbajal, a la oposición o a la prensa no adicta, cayó al abismo cuando los contagios comunitarios explotaron en la frontera y en el oeste, dentro de los hospitales del sistema público.

El barbado lagunense acostumbrado a imponer sus decisiones por sobre cualquier estado de derecho (para eso tiene sus propios jueces), empezó una sistemática estrategia de traslado compulsivo de las comunidades aborígenes desde sus lugares, personas de localidades a cientos de kilómetros de la ciudad de Formosa a Centros de Aislamiento en esta ciudad.

Tímida rebelión

Tuvo connatos de rebelión en varios centros y hasta amenaza de quemas de colchones en el estadio Cincuentenario, como si se tratara de penales en donde los presos denuncian el hacinamiento y el maltrato.

Los hospitales del interior no estában preparados porque no tenían los recursos logísticos y humanos para atención masiva de personas. Para muestra basta un botón y todavía está fresca la mujer embarazada con trabajo de parto que tuvo que ir desde el paraje donde vivía hasta el Hospital de Laguna Naineck en moto porque no había ambulancia, donde no la pudieron atender para luego enviarla al Hospital de Laguna Blanca en donde tampoco la pudieron tratar para luego viajar al Hospital de la Madre y El Niño donde finalmente le hicieron una cesárea y perdió el bebe.

Improvisación y dificultades

El estado se preparó para tratar a un numero finito de casos graves y la mayoría de los casos son asintomáticos pero los contagios pueden dispararse y de hecho los números así lo muestran por más que la mesa del COVID los comunique en “cuotas”, la situación es mucho más grave de la que se muestra.

El sistema público de Insfrán pudo montar un gran hospital de campaña en varios hospitales de la provincia que comprende inclusive al estadio Cincuentenario y se gastaron millones para poner medianamente en condiciones a algunos nosocomios de cabecera en varios municipios de la provincia pero ante la amenaza del COVID 19, la improvisación, ya con los contagios comunitarios estallando, dejará al desnudo un sistema de salud precario.

Solo negocio en la obra pública

El problema matemático es que no se puede hacer en 10 meses, lo que no se hizo en 20 años en la salud pública.  “Estamos llenos de edificios que se inauguran como hospitales modelos pero adentro no hay nada”, manifestó un médico del interior de la provincia, que por protección laboral, no dio su nombre.

Agregó que “Los contagios comunitarios van a seguir hasta que se dé una inmunidad de rebaño, como en cualquier otra epidemia. La vacuna no va a llegar a todos en varios meses y tomando en cuenta que los hospitales no dan abasto ya en este momento, el encierro en centros de aislamiento, con PCR positivo o no, es lo único que tiene el gobernador”.

En la mesa chica del barbado lagunense hicieron una evaluación de daños ante el panorama desolador del recrudecimiento de los contagios y tomaron la decisión del encierro en centros de alojamiento o de aislamiento, como lo denominaban antes de ser denunciados por violar los derechos humanos.

Mirando en perspectiva, el séptuple gobernador ya  consiguió la justicia federal que necesitaba para que no moleste e hizo algunos ajustes con ayuda del presidente, Alberto Fernández, para que también la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia volviera sobre sus pasos cuando antes avaló los Hábeas Corpus ante la violación de los derechos humanos y constitucionales.

Centro de aislamientos

Con el camino libre dio la orden de encerrar a todo el mundo en los centros de alojamiento, por las buenas o por las malas. La Legislatura le dio la ley que necesitaba para hacerlo y sin solución de continuidad se desató la caza de brujas.

Las comunidades aborígenes fueron abordadas por funcionarios policiales y trasladados sin explicación alguna a centros de cuarentena a kilómetros de su lugar de residencia, inclusive los trajeron desde Ingeniero Juárez hasta la ciudad de Formosa para hacinarlos en el estadio Cincuentenario.

A los dirigentes que se atrevieron a denunciar y protestar por el maltrato de las comunidades aborígenes por parte de la policía, los encarcelaron, los procesaron y de postre tuvieron un PCR positivo, todo en la misma combo.

Somos derechos, pero no tan humanos

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos regional Formosa, denunció lo ocurrido y Amnistía Internacional Argentina también puso el grito en el cielo.

En la semana la Dra. Gabriela Neme fue objeto de una violenta detención cuando asesoraba en la escuela N° 18 a personas que estaban en cuarentena desde hacía 22 días y con todos los hisopados negativos. La arrastraron 50 metros entre policías mujeres y hombres, también detuvieron a la Concejal de JxC, Celeste Ruíz Díaz.

A esta altura del descontrol autoritario de Insfrán, la gente salió a la calle para pedir por la liberación de la principal defensora de los derechos humanos de personas en situación literal de privación ilegítima de la libertad, al haber cumplido los 14 días con los correspondientes hisopados.

Protestar, es resistencia a la autoridad

Neme fue liberada, no sin antes imputarla por resistencia a la autoridad, instigación al delito y violación del art. 205 del Código Penal. Artículos que solo parecen activarse para opositores o defensores de los derechos humanos.

Pero pedirle sentido común y razonabilidad a un desbordado y añoso gobernador es imposible. Todavía se recuerda el procesamiento de la filántropa, Naty Petrosino, quien trabaja desde hace 25 años con los comunidades del oeste y se hallaba atrincherada en la comunidad aborigen de El Divisadero con un pedido de captura y que también había sido procesada por el Art. 205 del Código Penal. Toda una declaración de principios.

La denuncia sobre violación a los derechos humanos en Formosa va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque el presidente, Alberto Fernández, no hará definitivamente nada. Insfrán es su amigo y para un compañero no hay nada mejor que otro compañero, aunque tenga actitudes de tirano.

Cuando concurren tres factores, la detención de una persona, que se realice por una fuerza oficial sin motivo y que la familia o el propio detenido no sepa hacia donde lo llevan o porque, configura, según la convención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una desaparición forzada de persona que es precisamente lo que ocurre con las comunidades aborígenes del oeste.

Insfrán dijo que prefiere perder elecciones y si en esto también comprende violar los derechos humanos y tener características de una dictadura tampoco le preocupa.

A la consulta sobre los graves sucesos la respuesta que dio el Ministro de Economía fue increíble.

Compañeros siempre fuimos

El funcionario leyó un repudio del PJ nacional  que rechazó los ataques mediáticos, judiciales y políticos llevados adelante por dirigentes de la oposición contra el pueblo y el Gobierno de Formosa y las manifestaciones públicas y de suma gravedad institucional realizadas por la ex diputada de la Nación (Elisa Carrió), que

“Buscando provecho personal y rédito electoralista, intenta socavar el incansable e incesante trabajo que se viene realizando desde la provincia para salvaguardar la salud y la vida del pueblo ante la pandemia mundial de COVID-19”.

Luego respalda las acciones diciendo que: “El pueblo y el Gobierno de Formosa, en forma conjunta con el Gobierno Nacional, han trabajado en la atención integral de la salud de la población, multiplicando las inversiones, la logística, los centros de alojamiento preventivo, los Centros de Atención Sanitaria, las campañas de vacunación y todos los recursos materiales y humanos necesarios para que los resultados de la lucha contra el COVID-19 sean los que están a la vista de todos y todas”.

Declaración partidaria

La respuesta a los planteos por las violaciones a los derechos humanos nunca llegó y en su reemplazo se leyó un manifiesto partidario firmado por personas que no tienen centros de aislamiento en sus propias provincias y que solo repiten el discurso del propio gobierno provincial.

Lejos del estado de derecho, el gobierno de la provincia de Formosa piensa mantener los centros “clandestinos de detención”, donde los PCR nunca llegan y cuando llegan, muchas veces llegan sin el comprobante y solo con una comunicación verbal.

Continuarán los hacinamientos, el deterioro de contención médica con los alojados, la falta de contención psicológica y los arrestos compulsivos  con traslados desde una localidad a otra para ingresar a una situación de encierro. ¿Continuarán las detenciones arbitrarias y violentas de los defensores de los derechos humanos?

Es probable que la provincia siga siendo noticia a nivel nacional. A veces hacemos todo lo inverosímil, para que eso acontezca.