Atrapados y sin salidas

Definitivamente el 2020 no ha sido un buen año para los argentinos y de manera particular para los formoseños.  El mes de octubre llega con una sequía terrible o incendios descontrolados que han destruido el trabajo de todo una vida de muchos productores.
A pesar de que la televisión nacional resalta los incendios forestales en lugares por excelencia turísticos como Villa Carlos Paz, los incendios tan solo de General Belgrano y San Martín Dos, superan en miles de hectáreas a la totalidad de la provincia de Córdoba.
La destrucción ha sido de una magnitud nunca antes vista y las autoridades provinciales esperan que la cercanía con el Ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra contemple una ampliación de la emergencia económica considerando este desastre.
El escenario no puede presentarse de peor manera para la producción que de por si pasa por situaciones extremas respecto de la asistencia urgente. 
En general los fondos de la emergencia llegan de manera posdatada cuando los emprendimientos se transformaron, se vendieron o sencillamente de
aparecieron. Tampoco cubren el daño provocado.
Quien no tenga espalda para aguantar este año perdido, está destinado a fundirse o malvender el trabajo de toda la vida. Si a esto le sumamos la cuarentena interminable el escenario es de empezar a contar cuando termine el aislamiento social, cuantos productores quedaron en pie y cómo fue que los que perdieron todo no tuvieron la asistencia del estado a tiempo.
 
Pelotero de intendentes
 
La interna pejotista de los ex intendentes que perdieron sus reelecciones genera otro foco de conflictos que por supuesto tiene al barbado lagunense detrás y como encomendado  a su ahijado el vicegobernador, quien lleva adelante la tarea de aplicar el “peronometro” a todos los intendentes del interior y en el caso de que no pasen el puntaje mínimo para aprobar, armarle uno que otro movimiento sedicioso para sacarlo del cargo.
Así pasó el intento de juicio político al intendente de Misión Laishi, quien acosado por la mayoría de concejales opositores dentro del propio peronismo y a sabiendas que las pruebas lo incriminan respecto de una comisión investigadora, mando a los empleados municipales a hacer una “pueblada”. ¿Qué otra cosa podrían hacer?, si así no lo hicieran se quedarían sin sus sueldos de entre 6 mil y 8 mil pesos, que es en promedio la miseria que pagan en ese municipio.
Pero es el propio modelo formoseño el que ha logrado generar una industria cultural en la que los que ganan estos sueldos de infortunio tienen que poner la cara, enfrentarse con la policía (quienes también ganan sueldos de pobreza) para defender a concejales e inclusive el propio intendente con sueldos de más de 100 mil pesos.
 
Un “actor” conocido.
 
Como si no fuera suficiente el drama de la pandemia, la cuarentena, la sequía, la falta de agua potable, etc,  esos personajes empiezan a copiar los conatos de golpe blando en otras localidades del interior de la provincia.
Así pasó en la semana, otro intento similar en la comuna de Misión Tacaaglé, donde el ex intendente, varias veces re-electo pero perdidoso en la última oportunidad, el nunca bien ponderado, “Chilú” Leguizamón intentó colocar a su hermano  (Concejal) como intendente interino, desplazando al intendente electo.
Vale la pena recordar que Hugo “Chilú” Leguizamón fue tristemente famoso, a su vez inauguró la zaga de interminable enfoques de la televisión nacional en las injusticias de la provincia cuando fue cachado”, secuestrando DNI a los aborígenes antes de las elecciones y llevándolos obligados en camiones a votar.
Como si esto fuera poco, la postal del interior sigue mostrando por ejemplo al presidente de la Comisión de Fomento de Buena Vista, muy cerca de Laguna Blanca, la tierra del eterno residente del quinto piso.
A diferencia de las otras intendencias, Rubén Pereira, lleva siete períodos frente a la Comisión de Fomento y no ha tenido contrincantes de peso dentro del esquema del PJ local pero aprovechando el festejo del cumpleaños número sesenta, con orquesta de cumbia y todo rompiendo la cuarentena, aparecieron los concejales oportunistas para intentar sancionar el jefe comunal por su inconducta.
Indignados por la mala conducta de Pereira, sumado a la exposición nacional del “trencito cumbiero”, se despegaron rápidamente y como quien no quiere la cosa, ahora intentan sacarlo de su cargo. La historia se repite.
 
Aprovechando la pandemia
 
Manuel Celauro, el intendente de Clorinda ha perdido de manera absoluta el manejo de lo que ocurre en su ciudad y como castigo a sus quejas respecto de que no lo consultaban para nada, ahora lo consultan menos que para nada y la segunda ciudad, pasa por su peor momento con la potencial amenaza de contagios comunitarios.
Celauro tiene al séptuple gobernador complotando en su contra y con enemigos íntimos como el Frente Darío Santillán recriminándole la continuidad del bloqueo como si él tuviera que ver. 
Esta es la oportunidad para esmerilarlo hasta lo imposible para ver si José Mayans, al que solo lo votan los parientes en Clorinda, vuelve a ser potable electoralmente con el empuje del aparato gildista.
A Insfrán la cuarentena le vino mejor que nunca y como ya ha reseteado al comercio independiente, los que no se sometieron se fundieron o fueron clausurados, ahora resetear a los intendentes es la tarea. Aquellos que no son lo suficientemente genuflexos, seguramente quedarán muy dañados al fin de la cuarentena, si es que primero no los eyectaron con un juicio político exprés.
 
El fantasma de los contagios comunitarios
 
Desde Clorinda también han llegado los últimos hisopados positivos a COVID 19 y la posibilidad cierta de un contagio comunitario. Los contagios como era previsible vienen de los pasos clandestinos o personas que estuvieron en el Paraguay.
Desde las autoridades del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID 19 han reconocido que no pueden identificar a todos los contactos estrechos de uno de los casos positivos para poder hisoparlos y bloquearlos por tanto la posibilidad de otros contagios por fuera de los controles sanitarios es muy factible en la segunda ciudad.
 
La república perdida
 
En la semana el juez  federal subrogante, Fernando Carbajal, se excusó de intervenir en el último Habeas Corpus presentado por los varados en Puerto Eva Perón. Con anterioridad y debido al ingreso avalado por la Cámara de Apelaciones de Resistencia, fue atacado por el Ministro de Gobierno, Jorge González y acusado de ser el autor del estatuto del contagio, refiriéndose a su resolución.
En esta ocasión el magistrado federal decidió apartarse de la causa por las “denuncias y ataques personales del ministro de Gobierno, que afectan la independencia y la tranquilidad de espíritu”.
González también había responsabilizado al magistrado de ser responsable los potenciales contagios que se vendrían, al igual que los que realizaron el planteo.
Así el Habeas Corpus, pasará a manos del juez federal, Pablo Morán, quien ya ha actuado de manera hegemónica con el gobierno de provincia rechazando el único habeas corpus que tramitó en circunstancias similares y con formoseños varados.
Con una justicia provincial absolutamente sometida al poder político, al  día de hoy la única ventana que tenía el formoseño para reclamar por sus derechos humanos o constitucionales conculcados con la excusa de la pandemia era la justicia federal de Formosa,  ahora ni siquiera eso.
Un juez se declara intranquilo e intimidado por eso no realiza la función para la cual está y el otro trato de pasar desapercibido durante toda la pandemia al día de hoy todavía no se conoce si ha tomado definición alguna respecto del último Habeas Corpus cuando se trata de un trámite expedito.
 
Los amigos a hoteles, los originarios al monte
 
Nuevamente y ahora casi con la certeza de que la justicia federal ni los organismos de derechos humanos harán nada por modificar situaciones de indignidad y hacinamiento, 98 cosecheros aborígenes que llegaron de Salta,  realizan cuarentena en carpas a kilómetros de Bartolomé de las Casas en el medio del monte.
Con temperaturas elevadas o bajas, tienen un baño químico cada diez personas y desde el gobierno han asegurado que hasta los proveen de hielo.
Lejos de trasladarlos a un lugar apto para realizar dos semanas de aislamiento, practicaron el habitual reparto de comida y enviar al ministro de la comunidad a repartirles obsequios, médicos a revisarlos, cuando era tan simple con modificar el lugar para la cuarentena.
La discriminación se enciende como ha ocurrido con otros casos, formoseños presos en celdas y extranjeros hospedados con recursos públicos en hoteles.
 
Tropezar con la misma piedra
 
El punto más conflictivo tiene al gobierno con más de siete meses de cuarentena sin haber resuelto la situación de los varados, sin generar los lugares necesarios para que entren todos y endureciendo la postura con el ingreso administrado.
Nadie sabe como seleccionan a quien ingresa o no, quien va a hoteles o a la escuela de cadetes, e inclusive ¿Quién decidió enviar a 100 aborígenes al medio del monte en carpas?
Hay evidencia de improvisación y no se modifican los errores, lo sostienen. Las excusas son pueriles, las explicaciones respecto de la falta de lugares se podrían haber resuelto mucho tiempo antes. Pero los responsables, mantienen un sistema que está creando focos de conflictos en todos los sectores.
El temor que genera esta negligencia tan evidente, es que si en siete meses no se generaron las estructuras para albergar a los formoseños que están fuera de la provincia, lo que sigue es la desconfianza sobre el sistema público de salud ¿Estará preparado?.
Ante la posible llegada de contagios comunitarios (ojala nunca ocurra), es casi seguro que se mantengan a los “chapuceros”, que se encargaron de negar los ingresos administrados,  y es viable que  también objeten,  la existencia del maligno virus.