EE.UU. le pidió a la justicia que impida que la Argentina pague con acciones de la petrolera
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos había dicho que presentaría un escrito este miércoles. Ahora se supo que la administración norteamericana solicitó a la jueza Preska que no ordene la entrega de los títulos de la compañía a los beneficiarios del fallo.
Este miércoles vencía el plazo que la jueza Loretta Preska le había concedido al gobierno de Estados Unidos para presentar un escrito con su opinión sobre la eventual entrega de acciones de YPF en manos del Estado argentino a los beneficiarios del fallo por la expropiación de la petrolera. En medio de esa expectativa, el gobierno estadounidense le pidió la justicia que impida que la Argentina pague con acciones de la firma.
"El Gobierno de los EE.UU. pide a la Juez Preska que no ordene la entrega de las acciones de YPF en manos del Estado a los beneficiarios del fallo", publicó analista de Latam Advisors que sigue de cerca los juicios contra la Argentina.
El fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, y su adjunto, David Farber, le habían escrito a Preska en septiembre que postergara su decisión hasta después de las elecciones, para que el Departamento de Justicia pudiera presentar una declaración de interés sobre la entrega de las acciones de YPF en manos del Estado argentino.
Los beneficiarios del fallo por la expropiación de la petrolera estatal, entre los que se encuentran el síndico que lleva la quiebra de Petersen Energía Inversora S.A.U. y el fondo Eton Park Capital Management, buscan que el tribunal ordene a la Argentina entregar su 51% de participación en YPF como compensación parcial por los daños que alegan haber sufrido. Esta moción está actualmente en espera de la decisión del tribunal.
Una condena que ya cumplió un año
El 15 de septiembre se cumplió un año desde la decisión de la jueza Preska de condenar a la Argentina a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF realizada en 2012. El fallo beneficia a los representantes de las empresas que eran accionistas minoritarias de la petrolera al momento de la estatización.
El reclamo es que el gobierno de Cristina Kirchner no cumplió con el estatuto de YPF porque nacionalizó la participación de Repsol en la compañía (y finalmente le pagó con bonos) pero no ofreció una operación similar al resto de los accionistas.
