La billetera y el látigo de Insfrán con dinero de todos los argentinos

La discusión de los problemas importantes en la provincia de Formosa pasa desapercibida entre las paredes de una Legislatura Provincial que actúa como si fuera sorda. En este ámbito, la mayoría del oficialismo opera casi como un autómata controlado por el quinto piso, sin el menor interés en escuchar lo que plantea la oposición, y menos aún, en atender las demandas de sus propios intendentes.

Todos los diputados del PJ, solo contestan, no para discutir sobre un proyecto en elaboración sino para anclar el relato oficialista, que busca imponerse de manera unilateral y sin debate, inclusive por sobre la realidad.

A estas alturas, después de más de un cuarto de siglo bajo mandatos continuos, el gobernador Gildo Insfrán ha consolidado su poder de tal manera que la percepción del inicio y del fin su mandato parecen perderse en él tiempo, hacia atrás y hacia delante.

Para el pueblo de Formosa, la realidad de su calidad de vida habla por sí misma. Aunque desde el gobierno se anclan discursos y propagandas que intentan crear una ficción, ya que los formoseños saben que la única verdad es la realidad que viven día a día, una realidad que no puede ser disimulada por las narrativas oficiales.

La acumulación de poder trae consigo una serie de situaciones que parecen inalterables. En Formosa, cualquiera que intente alzar la voz o desafiar al sistema enfrenta represalias implacables, como le ha sucedido recientemente al intendente de Las Lomitas.

Atilio Basualdo es objeto de un intento de asfixia financiera, motivado por su disposición a señalar públicamente las injusticias en la distribución de fondos y rebelarse a la manada de intendentes sumisos.

Esta semana, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), buscando que se reconozca el despojo que sufre en términos de coparticipación.

Los fondos que deberían ser transferidos de manera regular no llegan y los retrasos están diseñados para volverse permanentes y dinamitar su capacidad de gestión.

En un contexto donde el STJ parece funcionar como una Comisaría VIP, se cuestiona si la denuncia tendrá algún efecto real. Es sabido que el STJ toma estas denuncias graves y las maneja con una indiferencia que responden directamente al quinto piso. En lugar de resolver la situación de inmediato, el Tribunal parece inclinado a dejar que los reclamos se acumulen, cubiertos de telarañas en algún cajón, o en el peor de los casos, resolviéndolos en favor de quien se considera su "empleador": el gobernador Insfrán.

Así, muchos se preguntan: ¿cuál es el sentido de plantear un recurso en un tribunal cuyos jueces están al servicio del poder ejecutivo? La respuesta parece ser puramente simbólica. La denuncia de Basualdo no busca un cambio inmediato, sino dejar constancia del abuso de poder que, de otra manera, quedaría en nada.

Al mismo tiempo, Jorge Ibáñez, Ministro de Economía de la provincia y otra figura central en este entramado de poder, responde con una mezcla de soberbia y cinismo. Ibáñez asegura que la provincia cumple cabalmente con la Constitución en cuanto a la distribución de fondos de coparticipación. Sin embargo, este cumplimiento "estricto" está lejos de ser transparente. La falta de acceso a la información pública, especialmente en lo que respecta a la ejecución presupuestaria, es una de las quejas recurrentes de los municipios que se sienten asfixiados por la discrecionalidad de la administración provincial.

Ibáñez declaró que "el acceso a la información pública es inmediato", como si ello fuera suficiente para justificar la falta de claridad en los fondos recibidos por los municipios. Esta declaración, a todas luces contradictoria, sólo sirve para alimentar la frustración de los intendentes que no tienen control sobre los recursos que les corresponden.

En lugar de proporcionar datos concretos y responder a las preocupaciones sobre la mala distribución de fondos, el Ministro parece más interesado en perpetuar una narrativa oficial que no responde a la realidad que se vive en los municipios.

A lo largo de Formosa, algunos municipios parecen beneficiarse de esta discrecionalidad. Un caso notorio es el del intendente de El Colorado, Mario Brignole, quien se ha hecho famoso en redes sociales por su actitud extravagante y sus disfraces que van desde maestro hasta payaso. Estos gestos, que a primera vista parecen absurdos, ilustran la disparidad en la distribución de fondos. Con una población comparable a la de Las Lomitas, El Colorado recibe, per cápita, cerca de mil millones más en fondos. Este tipo de favoritismo es acompañado por personajes como el Ministro de Gobierno, Jorge González, quien festeja abiertamente las excentricidades de Brignole como una muestra de "humor peronista".

La situación es aún más paradójica en municipios como Los Chiriguanos, bajo la administración de Antonio Caldera. Con apenas 5,000 habitantes, Los Chiriguanos recibe aproximadamente 2,000 millones más en fondos que Las Lomitas. Esta disparidad es difícil de justificar y plantea la pregunta: ¿cómo puede un municipio tan pequeño recibir recursos tan desproporcionados y al mismo tiempo permanecer en la más absoluta pobreza? Las respuestas a esta pregunta las conoce el intendente, Atilio Basualdo, pero hasta ahora no dijo nada y la falta de transparencia permite que la administración de Caldera prospere en la sombra, sin rendir cuentas.

Mientras tanto, las intendencias pobres, aquellos que no cuentan con la simpatía del gobernador, reciben fondos limitados que apenas alcanzan para cubrir los salarios de sus empleados. Estos sueldos suelen estar por debajo de la línea de indigencia, y la principal preocupación de los intendentes es mantener la fachada de los edificios públicos, sin poder mejorar realmente la calidad de vida de sus habitantes.

El manejo oscuro de los fondos públicos para ahogar a un intendente no es nuevo, antes lo denunció el ex intendente de Cambiemos, Diego Romero, de Subteniente Perín, que tuvo que dar una vuelta de "panqueque" para recibir los fondos de coparticipación que le correspondían.

Ni lerdo ni perezoso, Romero, se quedó dos períodos y de llegar como lo "nuevo" con una mano atrás y otra adelante, el modelo formoseño, lo premió volviéndolo un agroemprendedor, con quintas y propiedades sin la más mínima justificación.

Los Concejos Deliberantes también forman parte de esta maquinaria. Aunque reciben una porción de los fondos de coparticipación, su inactividad es notable. El dinero destinado a estos concejos suele terminar en los bolsillos de funcionarios que, en algunos casos, ni siquiera asisten a las sesiones. Estos "noquis" VIP disfrutan de salarios superiores a los de un senador nacional, aunque su aporte a la comunidad sea, en el mejor de los casos, nulo.

Así, se evidencia una tendencia centralista en la administración de Insfrán, quien, paradójicamente, suele denunciar el centralismo porteño mientras somete a sus propios municipios a una dinámica similar o más siniestra.

En este contexto, la falta de explicaciones y la imposibilidad de plantear reclamos reales fortalecen el modelo feudal que Insfrán ha construido a lo largo de sus mandatos. La perpetuidad en el poder parece estar garantizada por un sistema donde todos los caminos conducen al mismo vacío de ciudadanía.

Formosa es una provincia casi "mendicante" donde el propio gobierno de la provincia depende en un 96% de recursos nacionales coparticipables y son estos recursos el combustible de extorsión con los que funciona el aparato oficialista

Es una situación donde el desánimo de la población y la ausencia de liderazgos alternativos permiten que este modelo se perpetúe sin oposición real. La centralización del poder en manos de un solo hombre parece haber alcanzado un punto de no retorno, y el futuro de Formosa depende de un cambio que, por ahora, parece estar muy lejos de convertirse en realidad.

Atilio Basualdo, solo es un adelantado, a una situación de intendentes en rebelión que se irá acrecentado a medida que el gobierno nacional, garantice que Formosa no siga siendo el lejano oeste o tierra de nadie.