Todo lo que necesitás saber sobre el conflicto con las universidades públicas nacionales
Luego de haber conseguido la actualización de los gastos de funcionamiento tras la masiva marcha federal de abril que llevó al Gobierno a sentarse a dialogar, el conflicto universitario se centró en el reclamo por la recuperación salarial. Es que los sueldos de docentes, investigadores, directivos y personal administrativo no docente representan cerca del 90% del presupuesto universitario, mientras que los gastos de funcionamiento rondan apenas un 10%.
Con una dinámica similar al anterior reclamo, el pedido por la recomposición salarial no solo lo impulsaron los gremios: contaron con el apoyo de los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). También buscaron visibilizar la problemática para que se involucre la sociedad civil. Luego de una serie de paros, que detuvieron las actividades en las universidades públicas nacionales de todo el país, finalmente los sindicatos junto con los rectores convocaron para el miércoles pasado a la segunda marcha federal para pedir por la Ley de Financiamiento Universitario, que Javier Milei vetó ese mismo día a la medianoche.
La ley propone la recomposición del presupuesto de las universidades para 2024, estableciendo la actualización de las partidas según la inflación acumulada. Hoy, mientras algunas facultades ya están tomadas por sus estudiantes, el Gobierno logró sostener el veto en la Cámara de Diputados, donde la oposición no pudo reunir los votos necesarios para insistir con la norma.
¿Cuántos alumnos tienen las universidades públicas nacionales?
En la Argentina existen actualmente 65 centros universitarios (universidades e institutos universitarios) que forman parte de la gestión estatal nacional y que acaparan a la mayoría del estudiantado. Hasta 2022 –último año al que llega la información disponible– de un total de 2.540.673 alumnos, considerando grado y pregrado, 2.030.463 (79,9%) pertenecen al sector público. Los datos surgen de un pedido de Acceso a la Información Pública realizado por LN Data.
Dentro de ese universo de instituciones, la Universidad de Buenos Aires (UBA) lidera el ranking con la mayor cantidad de alumnos: 347.280. En la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que la sigue, cursan 169.374. Y en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), 112.996.
El secretario de Educación nacional, Carlos Torrendell, afirmó en diálogo con Radio Mitre que 600.000 estudiantes serían "inventados" y precisó que representarían el 38%. Ese dato habría surgido del SIU Guaraní, el sistema virtual que administra el CIN, según contestaron fuentes de la Secretaría ante la consulta de LA NACION. Detallaron que se basaron en un total de 1.749.136, un universo que solo considera las carreras de grado y no contempla universidades provinciales, institutos ni pregrado de gestión estatal.
Agregaron que el análisis surgió de un "buceo" propio de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Alejandro Álvarez, a través del acceso al SIU, de donde obtuvieron los datos en "crudo". Las universidades envían esos reportes y el Gobierno desarrolla los anuarios. A partir de estos, plantearon que un 40,6% eran alumnos regulares (habían aprobado al menos dos materias), 20% había aprobado solo una o ninguna y un 38,4% está, según la visión oficial, "en una situación incierta: no se sabe si asisten a clases o qué hacen en la universidad".
¿Qué porcentaje son extranjeros?
De acuerdo con el Anuario Estadístico de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, los extranjeros representaron en 2022 (el último dato disponible) casi el 4% del total de estudiantes en universidades de gestión estatal (79.834). En el caso de las instituciones privadas, representan un 4,9% (25.164).
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la Argentina es el país de América Latina con mayor cantidad de alumnos extranjeros.
El Gobierno anunció que busca cobrar aranceles a los extranjeros no residentes, alegando que estos representan una carga adicional en el sistema universitario público. Por su parte, la UBA aseguró que la institución no acepta estudiantes extranjeros que no residan en el país. De hecho, en los requisitos para anotarse a las carreras (incluyendo el Ciclo Básico Común) se estipula la necesidad de contar con documento de identidad argentino.
¿Cuánto gana en promedio un docente universitario?
Los sueldos de los docentes universitarios varían de acuerdo con el cargo –titular, asociado, adjunto, jefe de trabajos prácticos y auxiliar de primera– y con la dedicación: exclusiva (40 horas semanales), semiexclusiva (20 horas) y simple (10 horas).
Los gremios suelen ejemplificar con los cargos medios que representan el promedio del sistema. En septiembre, según la grilla publicada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) el sueldo bruto y sin antigüedad de un jefe de trabajos prácticos fue $189.274 con jornada simple, $378.550 con media jornada y $757.100 con dedicación exclusiva. Un profesor adjunto llegó a $220.390 brutos con dedicación simple, $440.784 con dedicación semiexclusiva y $881.576 con dedicación plena.
El sueldo de un ayudante de segunda con dedicación simple, el más bajo del escalafón, fue de unos $125.498 brutos. A partir de allí, la escala aumenta por cargo y dedicación. El más alto es el de titular de cátedra de dedicación exclusiva que alcanzó a unos $1.130.081 brutos.
No es posible saber cuál es el total de docentes del sistema universitario (porque las estadísticas oficiales informan la sumatoria de personas según universidad) ni los cargos que ejerce cada uno. Si un docente tiene tres cargos en una universidad aparecerán tres cargos, pero si un docente tiene tres cargos en tres universidades, aparecerán tres cargos y tres personas, porque cruzan la base de datos de cada universidad, pero no la de todo el sistema universitario. Tampoco es posible trazar una comparación con las instituciones de gestión privada, que no informan sus cargos docentes, ni sus salarios.
¿Qué aumentos otorgó el gobierno de Milei?
Desde que comenzó la gestión de Milei, los gremios consideraron insuficientes todas las propuestas que otorgó la administración. Con una inflación acumulada en diciembre y enero del 51,31%, la propuesta del Gobierno en las paritarias docentes de febrero fue una actualización del 16%, seis puntos por encima de lo que marcaba la negociación vigente en ese entonces. Para marzo ofrecieron un 12%, en abril un 8%, un 9% en mayo, un 4% en junio, un 7% en julio, un 3% en agosto y un 2% en septiembre.
El viernes anterior a la marcha convocaron sorpresivamente a los gremios para ofrecerles una recomposición salarial del 5,8% para equipararlos al resto de los empleados estatales, más el 1% de aumento previsto para octubre. Esa fue la misma propuesta que presentaron anteayer en la última reunión paritaria. Ayer, a horas de la sesión parlamentaria, informaron que se actualizará la garantía salarial –el mínimo que debe cobrar un docente– con retroactividad a abril de 2024, un reclamo con el que los gremios venían insistiendo desde principio de año.
En los últimos días, desde el Gobierno insistieron en que los salarios docentes crecieron más que el resto de los empleados públicos. A partir de los niveles vigentes a comienzos de diciembre de 2023, los salarios universitarios están 14 puntos porcentuales por debajo de las actualizaciones de los salarios públicos, según el Índice de Salarios relevado por el Indec a julio (último dato disponible).
Y a la vez, 57 puntos porcentuales por debajo de la inflación acumulada hasta agosto. "Los salarios universitarios se convierten en la principal válvula de ajuste efectiva sobre los fondos que recibe el sistema", afirman en un informe, los economistas Javier Curcio y Julián Gabriel Leone, del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
"Más allá de las cifras precisas, son niveles de caída salarial no sostenibles e incompatibles con la continuidad del desarrollo de las funciones. Y eso independientemente de los debates sobre la distribución, la transparencia o el control de los fondos universitarios que es indispensable mejorar. Pero, en todo caso, nada de eso se resuelve sacándole más de la mitad del sueldo a los docentes en forma plana", dijo Curcio
¿Cómo funcionan las auditorías?
El Gobierno remarca la necesidad de saber en qué se gasta el dinero destinado a las universidades estatales, aduciendo que estas no brindan la información correspondiente, mientras que desde la UBA, contra quien más apuntaron, contesta que cumple con los controles.
La Ley de Educación Superior (24.521) establece que las universidades nacionales tienen autarquía económico-financiera, y que el control externo es competencia de la Auditoría General de la Nación (AGN), órgano que depende del Congreso y se encarga de auditar a todo el Estado nacional. Los organismos a auditar los define la Comisión Especial Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual está formada tanto por diputados como por senadores, y la selección debe ser luego aprobada por el propio Congreso.
A la vez, las universidades deben contar con mecanismos de auditoría interna y un organismo de control cuyos responsables son elegidos por cuerpos colegiados. Para este año, estaba previsto auditar las universidades de Córdoba, Formosa, Jujuy, La Plata, Salta y el Nordeste, según el programa de acción publicado. Según la página de la AGN, la última auditoría en la UBA –contra la que el Gobierno más apuntó– fue a la Facultad de Psicología y analiza el año 2018.
¿Qué pasó hasta ahora con el gasto en universidades?
En los primeros nueve meses de 2024, el Gobierno recortó un 30,2% el gasto en universidades nacionales en comparación con igual período de 2023, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). El ajuste a las instituciones está 6 puntos por encima del ajuste total de los gastos corrientes, que fue de un 23,8%.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) también señala que los fondos que la Nación envía a las universidades cayeron un 30,2% y detallan: una caída de 30,2% para los fondos para el pago de salarios docentes, un 26,6% para los de los no docentes, un 22,5% para los de funcionamiento para las instituciones y un 14,2% para los hospitales universitarios.
¿Qué fondos están previstos para el año que viene?
El Gobierno planea asignarles a las universidades nacionales 3,8 billones, de acuerdo con el proyecto de presupuesto para el año que viene que envió al Congreso. Representa casi la mitad del financiamiento que había solicitado el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): 7,2 billones. La diferencia radica en los aumentos salariales.
"Tan solo la mitad de los recursos reclamados –mínimos para funcionar– fueron contemplados, sin siquiera prever la inflación acumulada en 2024 y menos aún la proyectada por el propio Gobierno para el próximo año", leyó Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), durante la marcha universitaria de la semana pasada.
¿Qué planteaba la Ley de Financiamiento Universitario que Milei vetó?
La ley que había sido aprobada en ambas cámaras del Congreso buscaba garantizar el presupuesto para las universidades durante este año, más allá de los aumentos que decida el Poder Ejecutivo.
La norma establecía una recomposición retroactiva de los salarios de docentes y no docentes del sistema universitario nacional, a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes en que se sancione, por la inflación acumulada según el Indec. Determinaba, además, una actualización mensual de los mismos por el índice de inflación que publica ese organismo, en caso de que no se llegue a un acuerdo paritario.
Para los gastos de funcionamiento de las universidades y los hospitales universitarios, indicaba que se actualicen al 1° de enero de 2024. Y también definía que se actualizaran de manera bimestral con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec, descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.
Según el decreto en el que Milei oficializó el veto a la ley, este proyecto implicaba un gasto adicional para este año de $811.569 millones. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), por su parte, estimó que para este año tendría un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI.
LA NACION
