Ex directivo de Vialidad acusado de corrupción con campos en Formosa

Un ex funcionario de Vialidad Nacional durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue procesado por la justicia federal al no poder justificar su patrimonio como el de una ex pareja del directivo que supo tener fluidas relaciones con funcionarios del Gobierno de Formosa a través del área de Estudios y Proyectos de VN. Le encontraron -entre otros bienes- una reserva natural, campos y chacras varias en suelo formoseño.

El juez federal Sebastián Casanello procesó al otrora subgerente de Estudios y Proyectos de ese organismo descentralizado durante el kirchnerismo, Ricardo Garione. Encontró evidencias de presunto lavado de activos derivados de la corrupción, con la colaboración de familiares, allegados y empresarios a los que, en teoría, debía controlar. Una de las empresas bajo la lupa judicial es Rovella Carranza que tuvo -entre otras obras en la provincia- la Circunvalción y el puente la avenida Néstor Kirchner.

Casanello consideró probado que Garione compró terrenos, casas, departamentos, lotes, autos y al menos una moto de colección, entre otros activos, en su afán por reintroducir al circuito legal –"blanquear"- al menos parte de las ganancias delictivas que acumuló, por lo que le impuso un embargo por $23.000 millones para su eventual decomiso, según consta en la copia de la resolución que obtuvo el diario LA NACION.

En el caso de Garione, la investigación comenzó en 2017, tras una denuncia del titular de Vialidad durante el macrismo, Javier Iguacel. A partir de ese momento, Casanello avanzó en la investigación por dos sendas. La primera se centró en los actos de corrupción que Garione habría protagonizado, senda que concluyó con procesamientos confirmados por la Cámara Federal y el envío de ese tramo al Tribunal Federal N° 4, para que inicie un juicio oral. La segunda, centrada en el blanqueo de esas supuestas ganancias criminales, arribó ahora a los procesamientos del otrora funcionario, su familia y varios allegados.

En ese sentido, y basado en la labor de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que lidera Sergio Rodríguez, el juez Casanello consideró demostrado que Garione acumuló un patrimonio "exorbitante" a su nombre o a través de testaferros que no puede justificar con sus ingresos y que, además, le ocultó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de manera sistemática, tanto él, como sus hijos y presuntos testaferros.

Ese patrimonio incluye departamentos en la ciudad de Buenos Aires; lotes, casas, campos, más departamentos o incluso edificios en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz y Buenos Aires; una reserva natural y chacras en la provincia de Formosa; autos o camionetas Renault, Chrysler, Peugeot, Citröen, Ford y Volkswagen; una moto Harley Davidson; participaciones accionarias en tres sociedades; y depósitos bancarios y dólares en efectivo.

Las explicaciones ante la justicia de Garione, Calderón y otros acusados resultaron insuficientes para desvirtuar las pruebas recolectadas durante la etapa de instrucción. Las evidencias reflejan, por ejemplo, cómo Garione mantuvo negociaciones incompatibles con su cargo en Vialidad para beneficiar a empresarios como Tomás Alberto Prato, con los que tenía "una relación simultánea y promiscua", según se plasmó en la resolución de procesamiento.

Otro eslabón clave fue Diego Omar Gerlo, por entonces integrante del directorio de Rovella Carranza, constructora que obtuvo cuatro de las cinco licitaciones de obras públicas en las que Garione se involucró de manera "continua y deliberada", según la Justicia, para beneficiar a quienes figuraban como sus socios en la esfera privada, apartándose de sus deberes como funcionario público y ocultando esas incompatibilidades.

Voceros de Rovella Carranza despegaron a la constructora de la actual –y eventuales delitos- cometidos por Garione y Gerlo, quien también se presentó ante la Justicia como "sólo un empleado de la firma" que, aunque se desempeñó como integrante de su directorio, remarcó que se encontraba "en relación de dependencia", argumento que la Justicia también desestimó.

Ante semejante cuadro probatorio, Casanello procesó a Garione como "figura central del acontecer delictivo", y como partícipes necesarios a su exesposa, Silvana Calderón, sus hijos Manuel y Carola Garione, al igual que a Tomás Prato, Diego Gerlo, Cecilia Graciela Ortiz y Marcelo Fedrizzi, con embargos para todos ellos que fijó entre los $470 millones y los $23.000 millones cada uno.

Garione y todos los demás procesados también quedaron con sus libertades ambulatorias limitadas. Casanello dispuso que la prohibición de salir del país para todos ellos hasta que, como mínimo, la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones –conformada por Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi- aborde sus apelaciones y revise sus situaciones procesales.