Escala la pelea de Milei con gobernadores e intendentes por el costo del ajuste y los dialoguistas buscan una salida

Javier Milei está decidido a que el costo del ajuste no recaiga sólo en la Presidencia y en las cuentas nacionales. La escalada que se agudizó en las últimas horas con los gobernadores y los intendentes se inscribe en esa lógica: el primer mandatario está decidido a que cada jurisdicción esté obligada a reducir de manera drástica sus presupuestos, la cantidad de empleados públicos y el destino de los impuestos que cobran y las transferencias que reciben de la administración central.

El choque de Milei y la cantante pop Lali Espósito no puede entenderse si no se lo incorpora en esta misma secuencia del presidente aplicando sin contemplaciones un "Plan Motosierra" que tiene como objetivo un ajuste de más del 5% del Producto. La casi totalidad de los políticos surgidos del voto popular -que no son de La Libertad Avanza ni del PRO- están en pie de guerra por esos recursos: de gobernadores a intendentes, de diputados a senadores.

Cada uno a su manera emprendió la resistencia al draconiano plan fiscal que propone Milei como primer paso para romper un statu quo de estancamiento económico, crecimiento de la pobreza y deterioro acelerado de la calidad de vida de los argentinos. Lo que unifica a todos los antagonistas de Milei es la reducción del envío de fondos desde la Nación. Es una discusión por plata, pero en la que se mezclan la política, los valores y también la ideología.

La pelea con los gobernadores

Los gobernadores forman parte de la primera línea de resistencia al plan de ajuste. Vencieron cuando frenaron la "Ley Ómnibus", que recortaba de manera sensible partidas, recursos y fondos discrecionales. Esa derrota Milei no la perdona y actuó rápidamente en consecuencia: eliminó los subsidios al transporte, removió el fondo de incentivo docente y sacó de sus cargos a dos funcionarios que respondían a Córdoba y Salta, dos provincias díscolas. Además, se paralizó el envío de fondos para infraestructura en barrios populares.

Esas medidas, que en un primer momento los mandatarios provinciales creyeron provisorias, quedaron firmes y obligaron a cada uno a afrontar y explicar las consecuencias de la eliminación de esos beneficios. Pero para poner números: por la poda del Fondo de

Gobernadores que mantienen un enfrentamiento abierto y otros que tratan de mantener vivo un diálogo con la Casa Rosada admiten que la masa total de dinero que les fue detraído está en el orden de una masa salarial completa. Si se suma a eso lo que perdieron por la eliminación el año pasado del Impuesto a las Ganancias, que recaudaba dinero que después se enviaba a las provincias, los mandatarios tienen que gobernar con dos masas salariales mensuales menos. Como mínimo y en un año inflacionario y recesivo.

Los Ejecutivos provinciales, tras el fracaso de las conversaciones con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y de los compromisos que asumió y no se cumplieron, y el agravamiento de la poda de recursos nacionales, multiplicaron los contactos y las conversaciones directas por teléfono y de manera directa en reuniones en Buenos Aires, como así también los intercambios en el grupo de WhatsApp que tienen los 24 mandatarios de todo el país.

En esos contactos quedaron definidos tres caminos. Un grupo optó por llevar sus reclamos de restitución de fondos a la Justicia, la mayoría peronistas; otro grupo que votó en contra de la "Ley Ómnibus" pero no está en condiciones de mover a favor ni en contra del gobierno, y un último grupo que está decidido a evitar que se rompa de manera irreversible el diálogo.

Sobre el primero, se destacan el peronista Ricardo Quintela (La Rioja), el kirchnerista Gerardo Zamora (Santiago del Estero), el PRO Ignacio Torres (Chubut) y los provinciales Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolo Figuero (Neuquén). Cada uno fue a la Justicia por motivos diversos, pero todos saben que tendrán que esperar una definición de la Corte Suprema, que no tienen plazos ni urgencias.