Para los niños ni justicia

Puede verse lo que ocurre a nivel nacional porque afecta a cada uno de los argentinos en sus diferentes provincias, pero en particular puede percibirse en lo local porque se percibe en las calles.

Del horror que ha resultado en la mala aplicación de políticas públicas respecto del coronavirus y la llegada tardía de las vacunas pasamos al exitismo de pelear el podio con la CABA de las provincias con mayor aplicación de las vacunas contra el COVID 19.

En el medio y en una memoria que ya empieza a borrar los abusos en pandemia, hubo más de 120 mil muertos en el país y más de 1200 en la provincia, aunque los fallecimientos continúan en menor medida.

Además, el deterioro que se dio respecto de la salud fue acompañado de un deterioro aún mayor en lo institucional porque cerca de 12 mil causas fueron hechas al ciudadano común por contravencionales o violación del DNU referente a la pandemia, 20 condenas se efectivizan por día en las comisarías y las detenciones por la modificación del Código de Faltas guarda la misma proporción sumando cerca de mil detenciones para cumplirá los días de arresto correspondiente.

Pero el detalle es que los imputados no tienen el derecho a una debida defensa garantizada por la Constitución Nacional, ya que toman como declaración indagatoria la declaración que eventualmente las personas realizaron en la Comisaría. 

Los jueces dictan un decreto diciendo que esa declaración en comisaría valdría como declaración indagatoria y en ese mismo decreto dicen que no se viola la garantía de defensa en juicio que garantiza la Constitución Nacional en franca violación al plexo de normas, entre ellas la manda constitucional. 

En esta cadena de irregularidades lo peor de todo es que dictan sentencia, sin que las personas sepan y esas condenas quedan firmes con la sola notificación de una cédula. No te citan personalmente para decirte, "Señor usted está condenado, tiene derecho a apelar esta condena" sino que simplemente envían la cédula y la reciban o no, es la que vale para que esta sentencia esté firme.

Detrás se encuentra el propio Ministro de Justicia, Jorge González, que habría tomado una decisión de política criminal de que se dicten condenas y que esto no quede sin resolverse o prescriba, aun cuando no se pudo garantizar el ejercicio de una defensa en juicio, el debido proceso y todas las garantías por lo que los sumisos jueces intervinientes prefieren violar la Constitución antes que cargar con una causa prescripta ante el funcionario mediático en la pandemia.

Lejos de considerar una amnistía general a una situación temporal, apura el castigo, quizás a modo de ejemplo para el resto de la ciudadanía, salvo claro está, cuando los funcionarios del gobierno fueron los que cometieron la infracción o el delito. Eso si las figuras políticas reconocidas tienen todos un sobreseimiento, no así los ciudadanos comunes.

Justicia rápida para conformar

La situación marca que esta todo mal en la justicia, pero lo termina de confirmar un terrible caso sucedido en la localidad de General Belgrano, en donde la eficacia para condenar a como dé lugar, se contrapone con la urgencia de intervenir en una situación donde una menor de 6 años, fue encerrada y torturada durante tres años. La denuncia la habían presentado tres años antes pero solo actuaron ahora.

Una vecina comprometida terminó con un hecho aberrante, al comprometerse en denunciar después de realizar su propia investigación bajo riesgo de tratar con los progenitores violentos, cuando expuso el salvaje trato a una criatura y por fin la policía decidió actuar en la localidad de General Belgrano.
Entre las torturas a la que fue sometida la nena, aparte del encierro, la golpeaban, la ataban y le tenían con vendas en los ojos lo que le produjo lesiones en la vista.

Las denuncias se realizaron varias veces en la Comisaría que no dio curso inmediato a una situación terrible por lo que la cadena de responsabilidades de las bestias que torturaron a la criatura se suma, la responsabilidad de los titulares de la comisaría, del poder judicial y del organismo que debería tutelar a menores en riesgo.

Increíblemente en el comunicado policial, hablan de una "Exhaustiva tarea investigativa" cuando el delito se había denunciado tres o cuatro años antes y se excusaron que todas las actuaciones al respecto fueron elevadas al juzgado correspondiente.

Hubo otros casos de negligencia judicial y policial que fueran expuestos también en los medios como el de dos menores abusadas por su abuelo en donde perdieron el expediente la primera vez en la comisaría y la segunda vez en el juzgado, un año después le hicieron la cámara Gesell a las criaturas.

En él primer caso, ya con la niña con daños físicos y psicológicos de toda índole, tomó parte el Juez competente de Instrucción y Correccional Nº 2 de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, subrogando la Dra. Laura Elías, quien debido a la situación en la que se hallaba la menor ordenó la inmediata aprehensión de los padres.

A horas del rescate tardío de Sofía de sus torturadores, el diputado provincial por el PJ, Armando Felipe Cabrera y su pareja se fotografiaron con la criatura y lo publicaron en sus redes sociales, Lo repudiable de la situación es que Cabrera y su pareja se fotografían para promocionarse asistiendo a la familia de la niña y exponen fotos de ella re victimizándola en sus redes sociales.

¿Puede alguien ser tan miserable de promocionarse como filántropo, "con plata de todos", aprovechando el horror al que fue sometida Sofía? Evidentemente sí, evidentemente la miseria humana no tiene límites.

Pero Cabrera representa a un modelo de gobierno, el modelo formoseño. El modelo en donde han fallado de manera negligente todas las instituciones. La policía, la justicia o los organismos que existen, "con plata de todos" para proteger a la minoridad.

Cabrera es parte responsable por no haber generado en tantos años de vivir y enriquecerse de lo público, lo necesario en el estado, para que Sofía no pasara tres años encerrada, torturada por dos bestias. Es parte responsable porque la denuncia no se haya tramitado tres años antes porque defiende a un régimen ineficiente o peor, cómplice por omisión del horror vivido por la niña.

Cabrera es en parte responsable porque es uno de los fundamentalistas que defiende ciego sin buscar responsables ante la ausencia del estado y "con plata de todos" a aquellos quienes dicen "articular" esfuerzos, pero, ni de manera individual ni en conjunto, consiguieron frenar el suplicio de una criatura.

Y Cabrera es absolutamente responsable por utilizar la imagen de una niña, apelando a una retorcida respuesta emotiva en sus redes ¿para tener más seguidores?, re victimizando a una inocente al exponerla en imágenes que quedarán por años en internet.

¿Dónde están los organismos de la justicia o del gobierno, resguardando que esto no suceda? No solo no han estado en el peor momento, sino que además permiten un bucle de sufrimiento en la criatura, dejando que su tía la exponga, que un político la use y evidentemente que no haya un equipo "pagado por todos" para su contención y protección.

Es obvio que no se aplica la legislación vigente, de los procedimientos y de los instrumentos disponibles que son ignorados, desestimados o mal utilizados y la violencia de los casos empeora.
También es obvio que la supina ignorancia respecto a los procesos en este tipo de situaciones causa más sufrimiento a las victimas porque lo primordial es la protección de la niña, más allá de determinar los hechos y condenar a los culpables.
El legislador pinta de cuerpo y alma el modelo de Gildo Insfrán, sin la ética humanista de la que tanto pregonan en el justicialismo, que antes de intervenir en contacto directo con la criatura para la foto, debería intervenir investigando la terrible negligencia que causaron tres años más de tortura que podrían haberse evitado tramitando la denuncia y si los organismos de competencia hubieran intervenido.
El diputado llevándole "caramelos"a Sofía o plata a la tía, es un elefante en un bazar al sacarse la foto para las redes con la víctima y debería ser sancionado, quizás no por una justicia adicta de la que no se espera nada, menos eficiencia sino por las propias redes sociales en donde busca ser popular.